Violencia institucional

Nacida al amparo del movimiento de derechos humanos y el de familiares de víctimas de violencia policial, la categoría de “violencia institucional” resulta fundamental para comprender ciertas acciones (u omisiones) violentas realizadas por el Estado y sus funcionarios hacia determinados sectores de la población. El fenómeno de la violencia institucional, en sus distintas modalidades, debe verse siempre como una forma de violación a los derechos humanos. En sus inicios el término fue acuñado para referirse casi exclusivamente a casos relacionados a la violencia policial o penitenciaria (es decir, dirigida hacia personas privadas de libertad cumpliendo condena), sin embargo, con el paso del tiempo se ha ampliado en lo que refiere a los actores que ejercen esta violencia como a sus víctimas. De esta manera, la violencia institucional denomina hoy prácticas tanto de la policía como también de actores civiles. Un ejemplo de esto último es hallable en las formas de violencias que sufren algunas personas por parte de profesionales de la salud. Hoy en día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación define como violencia institucional a toda práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.).
Las prácticas directas de violencia institucional son, por ejemplo, el asesinato, la represión o la tortura. Corresponden a esta categoría los casos de “gatillo fácil” o la utilización de jóvenes pobres por parte de la policía para efectuar robos. Hablamos de omisiones, y no sólo de acciones, ya que existen formas de violencia institucional que no son efectuadas de manera directa por funcionarios estatales. Es posible pensar las formas indirectas de violencia institucional en cuatro grupos o tipos. El primero de ellos es denominado como “delegación de la violencia”, donde el Estado delega a otros actores externos las acciones violentas. Un segundo grupo o tipo refiere a la “denegación de acceso a un servicio”. Un ejemplo típico de esta forma de violencia institucional es el referido a la situación de mujeres y personas trans frente a servicios de salud, donde estas personas son muchas veces discriminadas, agredidas o simplemente ignoradas. En tercer lugar tenemos la “participación indirecta-activa” por parte de funcionarios del Estado. Esta práctica indirecta suele involucrar a fuerzas de seguridad del Estado y a los políticos. En este caso, los agentes permiten, por omisión, agresiones por parte de terceros o la proliferación de negocios ilegales relacionados a las necesidades básicas de las personas de una zona. Finalmente, un cuarto tipo de violencia institucional refiere a la “participación por ausencia estatal y/o exclusión social” y se manifiesta en la situación de desigualdad y exclusión a la que se ven expuestos muchos jóvenes de barrios populares. Por omisión, entonces, el Estado es también responsable de esta situación y de las situaciones de violencia a las que estos jóvenes son sometidos o empujados.

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